CARTA ABIERTA
Maracaibo, 03 de Noviembre de
2011
Ciudadano
Tarek El Aissami
Ministro del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y de Justicia
Su Despacho
Estimado Ministro
Como es de su conocimiento, el 28 de septiembre de los
corrientes se publicó en la Gaceta Oficial Nº 39.767 mi nombramiento
como Director de la Oficina para la Supervisión y la Fiscalización de los servicios
de policía en el Zulia; sin que, hasta la fecha, tal designación se haya hecho
efectiva. Esta situación se ha tornado insostenible; porque dicha publicación
ha generado expectativas y requerimientos, tanto de la gente como de las
instituciones, que no estoy facultado para atender. Por tal motivo, y en virtud
de que tan enojosa situación compromete además mi credibilidad, mi dignidad y
mi integridad personal; le comunico mediante la presente mi decisión de
declinar esa designación.
Creo, sin embargo, que es mi obligación hacer los planteamientos
que siguen:
La tarea que se me había ofrecido es de inaplazable
cumplimiento en nuestra región y quien la asuma
no podrá limitarse, como hasta ahora se ha hecho, con la retórica voluntarista y demagógica de los burócratas. La revolución es transformación radical y no un estéril ejercicio que se conforma
con cambiar nombres, formas y colores.
Uno de los dilemas más complejos del
proceso bolivariano es la renuncia al uso de la fuerza legítima. Evidentemente
la hegemonía global del pensamiento único no dejaba otro camino que atenerse a
las reglas del juego de la paz burguesa. No se si con tino o
con ingenuidad, nos hemos propuesto construir pacíficamente nuestra utopía: una nueva hegemonía política de corte socialista;
tomando el riesgo, inclusive, de dejar incólume la vieja burocracia civil y militar. Paradójicamente, gracias al
intento de golpe del 2002 y al paro petrolero del mismo año, la sedición mostró
algunos de sus rostros. A partir de
entonces, una vez fuera del camino los sectores más reaccionarios, las
instituciones armadas han hecho cumplir el mandato revolucionario. Seguir jugando
este albur resultaría, sin embargo, un error craso. Los
izquierdistas de vieja escuela sabemos que es necesario transformar el aparato
represivo y demoler los órganos de seguridad comprometidos con el viejo régimen
de terror, si queremos instaurar la
nueva racionalidad antihegemónica. Ocurrió así en Cuba y en Nicaragua; los
ejércitos populares triunfantes arrasaron la institucionalidad corrupta y con
ella la doctrina de la seguridad nacional larvada en cuarteles y en gendarmerías. No por casualidad, estos
países hermanos, ostentan servicios de policía eficientes y confiables. Discutir el tema de la policía y de la
inseguridad resulta torpe, incluso deshonesto,
si no asumimos con amor fati esta
realidad. De no ser así, en Venezuela se corre el grave peligro de fracasar en
el intento de construir el nuevo modelo policial que se ofrece. Lo que hemos
visto hasta ahora, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de
Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, es un juego de
simulaciones, en el cual los viejos operadores del sistema se vienen insertando
subrepticiamente en el nuevo. Tráfico de influencias,
forjamiento de credenciales, inserción artesanal en el sistema por medio del
clientelismo y la adulación; han permitido que gente de cualquier ralea, policías corruptos y
reaccionarios, se mezclen, eso sí, impecablemente uniformados y homologados; con funcionarios honestos
que asisten indignados a la puesta en escena. En verdad, no hubiera sido nunca actor
en esta dramaturgia; si la tarea que me habían asignado tenía algún sentido, debía
consistir en enfrentar esa realidad sin dobleces, sin medias tintas, sin
la más mínima tolerancia. La hegemonía de sectores
burocráticos de la reacción y de los pillos, impide que las
instituciones de seguridad se transformen. Los tecnócratas
hacen alianzas con la derecha con el mayor desparpajo; dejando intactos
los antiguos liderazgos. Reciente todavía la conspiración contra Correa que
encabezó la policía nacional del Ecuador;
no es poca cosa tener 11.000 hombres en las aulas de la UNES, bajo el mando
sospechoso de funcionarios que recién
llegados de la derecha, han devenido, por obra y gracia del espíritu santo,
adalides del socialismo. Pero eso no es todo, en el Zulia funcionarios de los
servicios de policías homologados por el órgano rector y miembros de otros
cuerpos de seguridad, se codean con la delincuencia organizada, aplican la pena
de muerte subterránea, extorsionan y torturan como siempre lo hicieron; al
tiempo que son cómplices en el contrabando de combustible, de alimentos
subsidiados, de los robos a la industria petrolera y se enriquecen groseramente minando la legitimidad del socialismo que
propugnamos.
Lo
que vivimos en el Zulia no es pues producto de la casualidad, tampoco es mera
percepción; este drama cotidiano de
ciudadanos sitiados por la inseguridad, tiene que ver con el desgobierno, la
connivencia cómplice de los funcionarios y la mala consciencia de quienes
apuestan al caos en su afán desestabilizador, dentro y fuera de las
instituciones. Lo peor de todo es que el
fracaso de los cuerpos de seguridad y de la policía en particular, hace mella
en la fe de la gente, dejando espacio a
una peligrosa actitud de anomia y
resignación frente a grados cada vez mayores de violencia criminal e
institucional. En lugar de la policía de
proximidad que quiere la nueva ley, la población se distancia de los cuerpos de seguridad para
defenderse privadamente de las amenazas:
cerrando las vías públicas, pagando vacunas,
entre rejas y cerraduras, cámaras y cercos eléctricos, viviendo en villas cerradas, contratando guachimanes, o construyendo anárquicamente
reductores de velocidad. Vale decir, enfrentando la inseguridad con niveles
cada vez mayores de violencia y arbitrariedad; fragmentando los espacios de
convivencia y destruyendo el tejido comunitario que define el modelo socialista;
la gente se las arregla para seguir su vida con prescindencia de autoridades e
instituciones que no le merecen confianza. En medio del desorden y la anomia,
el Estado pierde de manera progresiva el control de los espacios públicos
y el monopolio en el uso de la fuerza;
que no sólo son sus características inmanentes, sino también garantías de la paz y
la seguridad ciudadana.
Esta
ha sido mi denuncia permanente, en las aulas, como hombre público y como
militante del PSUV; por tanto, no era dable esperar de mí justificación alguna frente a la calamitosa situación que vive nuestro
pueblo, producto de tales aberraciones. Tampoco que avalara estrategias
antidelictivas que giren alrededor de los viejos paradigmas de la represión y
del Estado autoritario. Mucho menos que estuviera dispuesto a predicar con los tecnócratas, el catecismo
de las buenas prácticas policiales y el arte de convertir policías malos en policías
buenos; mientras en nuestras calles la gente
clama desesperadamente por el auxilio del gobierno.
Como
en el pasado, estoy dispuesto a los
mayores sacrificios para contribuir a develar y combatir la corrupción de los
que, ayer y hoy, han ejercido altas responsabilidades en materia de seguridad. Estoy
convencido de que no sirven de nada los discursos grandilocuentes de
intelectuales iluminados, si prevalecen silencios cómplices y no se cree en los valores socialistas. Continuaré
esta lucha mientras tenga fuerzas, colectivamente o en solitario; desde donde
me encuentre yo seré coherente con estos principios; si mi destino es volver a servir
a la gente, encontrarán en mi un revolucionario que preferirá correr riesgos antes que hacer concesiones indecorosas. Si se me excluye por tales
razones, yo seguiré cultivando la honestidad objetiva, esa que no se puede realizar individualmente
como burócrata, sino de forma solidaria, al lado de la mayoría que sufre en
nuestros barrios.
Francisco Javier Delgado Rosales
PSUV-Zulia. Comisión de Seguridad Ciudadana
A dos años de la muerte de Jomar, por el derecho a la
vida
