Diario
PANORAMA
29 de
Abril de 2011
INSEGURIDAD Y ESTADO
FALLIDO
Texto: Francisco Delgado
En Maracaibo, en materia de
seguridad, una cosa es el discurso y otra bien distinta la realidad. Hace poco
el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia daba
cuenta de lo bien que se porta la Gobernación del Estado Zulia en materia
de seguridad. El Consejo General de Policía, por su parte, no escatima
calificativos para referirse a la Policía Regional, ahora Cuerpo de Policía del
Estado Zulia (CPEZ), por su exitosa adecuación al modelo policial que contempla
la nueva de Ley Orgánica de los Servicios de Policía y del Cuerpo de Policía
Nacional; en contraste con los servicios de policía local,
públicamente reprobados por el mismo ente.
Tal
circunstancia resulta desconcertante para los marabinos, que vivimos y
padecemos diariamente la escalada criminal. ¿En qué consiste entonces la
seguridad; el asunto es de forma o se trata más bien de una cuestión de fondo?
Lo que vemos en la práctica es el deterioro progresivo de las instituciones del
control formal; a pesar del cambio de uniformes o del color de las patrullas o
de la homologación de la estructura interna de las instituciones
policiales, el desempeño sigue siendo muy cuestionable. En esta materia, a pesar
de la posición oficial, el fracaso es estruendoso: ¿Dónde está la vocación
comunal de lo servicios policiales?; ¿dónde esta la policía decente que se nos
había prometido?; ¿donde están los funcionarios que salen a servir de manera
próxima al pueblo, los que no matraquean, los que no cobran recompensa por
recuperar vehículos, los que no participan en el microtráfico y en los
secuestros? ¿De que va toda esta retórica si la gente debe protegerse
privadamente de los criminales renunciando a vivir viviendo, es
decir, a los espacios públicos, pagando vacuna, cerrando las calles,
poniendo cámaras y cercos eléctricos? Aquí lo único ostensible es la erosión de
la autoridad legítima y el desprestigio creciente de las instituciones formales
del control social; igualmente la pérdida del control físico de los espacios
públicos y del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. En Maracaibo sufrimos
de manera cotidiana la violación de nuestros derechos constitucionales cuando
ciudadanos atemorizados por la inseguridad restringen el libre tránsito, cercan
las vías públicas, colocan reductores de velocidad, y contratan guachimanes
ante la imperturbable mirada de una burocracia inepta. También cuando se
delinque impunemente desde la cárcel y a los policías hay que pagarle gratificaciones
para que cumplan con sus obligaciones legales. Sin detenernos en la
precaria garantía de otros derechos básicos que el Estado, en sus distintos
niveles, debe proteger: transporte público, aseo urbano y domiciliario,
espacios para la convivencia, la cultura y el deporte, para la salud y la
educación, vialidad, etc.; la verdad verdadera es que más allá del discurso, la
crisis institucional y la ineficacia del Estado para garantizar mínimamente los
derechos fundamentales del ciudadano, en particular el de la vida y la
seguridad, nos acercan peligrosamente a los supuestos de un Estado Fallido.
