28 de
Octubre de 2009
INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN POLICIAL
EN EL ESTADO ZULIA
Texto: Francisco Delgado
El problema de
la inseguridad es la preocupación fundamental de los zulianos. El secuestro se
ha convertido en pan nuestro de cada día, así como los homicidios, el
paramilitarismo, el robo y el hurto de vehículos. Una simple ojeada a la prensa
da cuenta de hechos de sangre que se cometen a diario con espeluznante
violencia, dejando al descubierto la degradación de las instituciones de
seguridad y su ineficacia, tanto como la creciente destrucción de la
convivencia social. A pesar de que la violencia delictiva alcanza ribetes
bélicos, se viene integrando con indiferencia al paisaje cotidiano, por el
fatalismo de la gente y el desenfado indolente de las autoridades locales y
regionales. La página roja de la prensa local es el parte de guerra, en donde
se leen las bajas diarias de gente trabajadora y honesta en el campo de batalla
en que se ha convertido Maracaibo y el resto de las poblaciones del Estado
Zulia.
Podría
argumentarse que el amarillismo y la construcción subjetiva de la realidad por
medio de la noticia ha sido política de mercadeo de los diarios, también que ha
sido un pretexto para el uso de la fuerza como forma de mitigar el sentimiento
de inseguridad, cuando se ha querido dejar incólumes las causas estructurales
de la violencia criminal. Por tanto, no será nuestro propósito pegar el grito
para que se imponga el orden a troche y moche. Las cruzadas morales de ley y
orden han sido pretexto en el pasado para razzias fascistas, que persiguen en
el fondo la pervivencia del Estado capitalista y, por ende, de su racionalidad
intrínsecamente criminógena. Hoy, sin embargo, la escalada de la criminalidad
es un hecho incontrovertible que obliga al Estado a dar respuestas represivas,
aunque ello implique resolver la paradoja entre el uso legítimo de la fuerza y
el carácter humanista de la política criminal socialista.
Y es que, aun
cuando las campañas de los medios persigan objetivos políticos, no se puede
negar la grave situación de inseguridad que padecemos. Lo que vivimos en el
Zulia no es producto de la imaginación, es el drama cotidiano de ciudadanos
sitiados por la delincuencia, el desgobierno y la corrupción policial. Por
encima de todo, el fracaso de los cuerpos de seguridad, hace mella en la fe de
la gente, dejando espacio a una peligrosa actitud de anomia y resignación
frente a la creciente violencia criminal e institucional. La población se
distancia de los cuerpos de seguridad para defenderse privadamente de las
amenazas: entre rejas, cerraduras, cámaras y cercos eléctricos, viviendo en
villas cerradas o pagando por protección. Vale decir, enfrentando la
inseguridad con más inseguridad, fragmentando los espacios de convivencia,
destruyendo el tejido comunitario; la gente se apaña para seguir su vida con
prescindencia de autoridades que no le merecen confianza. Cualquier cosa, antes
que confiar en la policía o enfrentarse al terror de la burocracia penal,
plagada de trámites y engorrosos procedimientos, que convierten la denuncia en
un via crucis tan hiriente y humillante que se asimila al proceso mismo de
victimización.
Se impone en
primer lugar la transformación de los servicios de policía. Mientras se lucha
contra las causas estructurales de la delincuencia, insistimos, hay que
reprimir en el corto plazo la creciente inseguridad. Reprimir implica
necesariamente idoneidad y decencia en el desempeño policial, vale decir,
superioridad moral de las instituciones llamadas a ejercer la fuerza legal. Se
sabe a ciencia cierta, sin embargo, que demasiados funcionarios policiales en
el Zulia son criminales; ellos mismos autores del 20% de los delitos que se
cometen en la región, según cálculos oficiales conservadores. Aunque la
sociedad socialista deba plantearse la transformación ética e institucional del
control formal en el mediano plazo (tribunales, ministerio público, cárceles y
demás instancias de socialización), abordar la cuestión policial no admite más
demora. No es posible seguir tolerando el actual clima de inseguridad, mientras
se espera por la definición, necesaria por demás, de una política criminal
todavía incipiente.
Debemos
apresurar el paso, trabajar sobre la marcha, con denuedo y coraje; porque de
ello depende la vida y la dignidad de mucha gente decente que no sobreviviría a
las estrategias de mediano y largo plazo que se discuten. Entonces, que el
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia asuma
su facultad legal como órgano rector de los servicios de policía, en ausencia
de políticas locales y regionales en la materia. Así no sólo se daría
cumplimiento a un mandato constitucional y legal que involucra derechos y
garantías fundamentales, también se abonaría el terreno para la transformación
ético-política de nuestra región.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario